Debido al éxodo masivo, Venezuela ha sufrido, desde 2015, un muy acelerado envejecimiento poblacional. En apenas cinco años, la emigración venezolana cerró al país la ventana de oportunidades asociada al bono demográfico, es decir, las ventajas relacionadas a contar con una población en edad de trabajar mayor al número de personas económicamente dependientes (adultos mayores).
Más del 80% de la población que ha abandonado el territorio venezolano está entre los 15 y 49 años, en plena edad productiva. En el segmento de 15 a 29 años de edad se concentra 57% de los que se han ido, explicó Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, durante su conferencia “Transición de un proceso de emigración calificada a migración masiva”, con la que abrió el seminario internacional “Horizontes de la migración venezolana: retos para su inserción en América Latina”, realizado este miércoles 27 de noviembre en el Aula Magna de la universidad jesuita, en el marco de la IV Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC 2019).
El seminario fue organizado por el IIES UCAB y sirvió para dar a conocer el Observatorio Venezolano de Migraciones de este instituto, actualmente en desarrollo, orientado “a difundir información relevante, transparente y estrictamente basada en evidencias estadísticas acreditadas sobre las dinámicas migratorias en Venezuela”.
Según datos presentados por Freitez, la emigración masiva abrió una brecha de siete puntos en la tasa de dependencia, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calculó, para 2020, en 58 personas dependientes por cada 100 mil personas en edad productiva, aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima esa relación en 65.
Además, la diáspora está reduciendo las proyecciones del total poblacional. Los datos del censo de 2011 estimaron para Venezuela una población total de 32,6 millones de personas para el año próximo, pero la ONU la estima actualmente en 24,8 millones.
La especialista advirtió que todo esto demanda la elaboración en Venezuela de políticas públicas para la atención de la gente mayor que enfrenta ya condiciones muy adversas, así como buscar compensar la pérdida del recursos humano necesario para servicios clave como educación y salud.
Freitez, coordinadora desde 2014 de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), dijo que hasta 2015 la cifra de venezolanos emigrantes no superaba la cifra de extranjeros residentes en Venezuela, aproximadamente un millón de personas. Relató el comportamiento histórico y el crecimiento a pequeña escala de la variable, que estuvo marcada en los años 80 por los egresados del programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho.
Para el año 2000, un 43% de los venezolanos residentes en EEUU tenía educación por encima del promedio de los nacionales de ese país. Mientras para la época de la migración a pequeña escala la mayoría de quienes se iban eran mujeres, la crisis hizo que la población migrante actual sea predominantemente masculina y de menor formación.
También “el deterioro de las condiciones económicas y la pérdida de la institucionalidad democrática” hizo que, de todos los estratos sociales, sumen ya cuatro millones de personas que han puesto en dificultades a los países de acogida que no estaban preparados para esa magnitud. “Colombia, principal país de tránsito, tenía 50 mil venezolanos en 2015 y en dos años sube a un millón de personas no esperadas”.
En cuanto al ámbito laboral nacional, la directora del IIES explicó que la salida del país de dos millones de personas en edad productiva ha quitado presión al mercado, lo que podría bajar la tasa de desocupación a 10%, en lugar del 30% que correspondería si se hubieran quedado. “Esa cifra será confirmada por la ENCOVI 2019 que se encuentra actualmente en campo”, dijo Freitez.
Sobre el impacto de la ayuda económica desde el exterior, dijo que ENCOVI no pregunta la cantidad que envían, pero está determinando que “millón y medio de hogares están recibiendo remesas, lo que beneficia directamente a dos millones de personas, principalmente mujeres jefas de hogar y personas inactivas”. Esto, dijo Anitza Freitez, “alivia las restricciones que existían sobre el consumo”.
2016-2018: “migración del desespero”
Uno de los invitados al seminario fue Fernando Lozano, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha conducido por dos décadas investigaciones sobre la relación migratoria entre Estados Unidos y México.
Durante su ponencia, mencionó la existencia de “dobles discursos” en algunos gobiernos cuyos voceros hablan de solidaridad con los migrantes, pero en la práctica aplican trabas para acogerlos. Señaló que en el caso de México, los venezolanos representan 40% de todos los que intentaron entrar al país y fueron devueltos de esas fronteras.
Además, indicó que el gobierno actual de México, el de Manuel López Obrador, suspendió el financiamiento para la red académica Migrare especializada en migraciones.
Lozano expuso algunas ideas centrales obtenidas de la investigación que coordinó y que fue realizada en 11 países de América Latina y el Caribe y entrevistó a 200 personas. Las secciones fueron compiladas en el libro Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica.
Explicó que el origen del estudio fue indagar cómo era la inserción laboral de los venezolanos en otros países y cómo accedían a un estatus de calidad migratoria. Sin embargo, el trabajo adquirió otro matiz y en 2018 los investigadores de los países involucrados se enfocaron en quienes emigraron entre 2016 y 2018, por formar parte de lo que él denominó “migración del desespero, caracterizada desde el país que expulsa por ser masiva, repentina, sin proyecto, sin documentación; y en los países de acogida se da en condiciones de precariedad social y laboral”.
Todo esto configura, recalcó Lozano, “una crisis humanitaria no solo en el país de origen sino en el país de destino” que expone a esas poblaciones a la discriminación, xenofobia y criminalización por falta de permisos laborales.
Explicó que la emigración masiva de los venezolanos ha hecho que los Estados de los países de acogida, luego de una apertura inicial producto de la emergencia, estén privilegiando las restricciones asociadas a la seguridad nacional por encima de los enfoques a favor de los derechos jurídicos de los migrantes, lo que propicia la estratificación de derechos, que es decir, la discriminación al momento de aplicarlos.
“Actualmente, los países de acogida están siendo mucho más restrictivos con los visados y permisos laborales, lo que favorece el surgimiento de procesos ilegales que ponen a los venezolanos en situación de vulnerabilidad”, apuntó.
Agregó el experto que la cantidad tan grande de venezolanos migrantes desafía las capacidades de los gobiernos, propicia condiciones alimentarias y sanitarias críticas y colapsa los sistemas administrativos y abona al surgimiento de redes de corrupción, aunque no de forma uniforme en todos los países.
