La profesora Anitza Freitez solo confía en la data que se levanta con el necesario rigor técnico. Por eso prefiere esperar los resultados de dos estudios simultáneos que está desarrollando el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES UCAB), a través de su Observatorio Venezolano de Migración (OVM), para opinar sobre la dimensión real de cómo la pandemia del COVID-19 está afectando a la población migrante de venezolanos que huyó hacia Colombia, Ecuador o Perú.
Considera que, además de que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo un “show mediático” con los que regresan, no hay un registro real de cuántos están entrando a Venezuela por trochas no vigiladas.
“No hay que estarse haciendo eco de la posición gubernamental en cuanto a que a los venezolanos están retornando porque los maltratan en sus lugares de destino y aquí sí tienen patria. Eso es puro cinismo. Lo primero que debió haber garantizado este gobierno, como cualquier otro, es el derecho a no migrar, derecho que fue vulnerado desde hace un buen tiempo, antes de que se aplicaran las sanciones. La gente fue visualizando que las oportunidades se iban cerrando, primero para sectores profesionales que no veían la posibilidad de desarrollo en sus áreas de formación. Por eso, lo primero que vimos fue una migración calificada”.
Freitez es docente de la UCAB, geógrafa (UCV) con Doctorado en Demografía (Lovaina, Bélgica). Actualmente, dirige el IIES UCAB, coordina el equipo que elabora la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y, además, encabeza el grupo de ocho investigadores que ha emprendido recientemente el estudio sistemático de la dinámica migratoria venezolana, a través del OVM de la Universidad Católica Andrés Bello.
“La situación de vulnerabilidad de los migrantes se puso en evidencia porque más de la mitad de ellos estaban en actividades informales, y al estar en esta situación de confinamiento por el COVID-19, se limitó cualquier posibilidad de generar ingresos y garantizar su subsistencia cotidiana”.
Explica Freitez que en Colombia, donde se encuentra la mayor parte de los migrantes, el gobierno ha sido “lento” para tomar medidas de protección, incluso para su población nacional. Entre esas medidas estuvo la prohibición del desahucio, que en el caso de los venezolanos que viven en lugares con rentas diarias y sin contratos de arrendamientos, no ofreció respaldo y los dejó en la calle.
“El gobierno venezolano utiliza los medios que controla para hacer ver que hay un retorno masivo de venezolanos, pero no es así. Uno lamenta que, ni aun en estas circunstancias, se deje de usar el tema migratorio para sacar rédito político. Tampoco sabemos si las estadísticas de morbi-mortalidad del COVID-19 son reales, porque no hay manera de confrontar esos resultados. Aquí la comunicación es unilateral”.
Hacia el 23 de abril, autoridades de Cúcuta informaban que habían regresado desde Colombia, producto de la emergencia del COVID-19, 35 mil venezolanos; pero el 26 de abril, Migración Colombia informó una cifra de 12 mil. ¿Cuántos pueden haber regresado realmente?
«Estamos en proceso de revisión y confrontación de las fuentes. Hay una población que todavía está en un limbo. El gobierno venezolano ha puesto restricciones para el ingreso porque quiere que sea controlado. Tienen que cumplir una cuarentena, revisión médica y dicen que luego los llevan a sus casas; pero no sabemos cuántos son. Hay gente que está tratando de evadir esos controles y pasan la frontera por distintos lugares. Yo no tengo claro cuántos han atravesado la frontera, pero tampoco son cientos de miles de personas. Si fuera así, sería demasiado evidente, como ocurrió cuando salieron. Eso es difícil de ocultar, sobre todo en una situación de movilidad controlada. A veces dimensionamos todo por lo que ocurre entre Cúcuta y San Antonio, pero esa es una dinámica particular que no sirve para dimensionar el fenómeno migratorio de forma global».
¿Tiene una idea de cuánta capacidad de resistir el confinamiento tienen los venezolanos que permanecen en esos países de acogida?
«Veía, en el caso de Perú, una encuesta de marzo donde 37% de los migrantes decía que su hogar no estaba abastecido como para resistir un mes más de confinamiento, y no tenían dinero para comprar comida. Si nosotros tuviéramos una encuesta en Venezuela para comparar estos resultados, estoy absolutamente segura de que, en el caso venezolano, es más del 37% la población que no tiene dinero para comprar comida en un mes más de confinamiento. Eso, más que la inflación, también está haciendo lo suyo en este período de incertidumbre, de especulación. Los migrantes tienen que evaluar qué es lo que se van a conseguir con su retorno a Venezuela, la situación en materia económica y social no es nada óptima. Quizás la gente piensa que si tiene unos ahorros, entre consumírselos en Colombia en la calle, mejor regresan a Venezuela, pero ese regreso también tiene un costo. Si vuelven, no van a tener facilidades para trabajar, serán actividades precarias, informales».
¿Le parece que un venezolano que esté considerando regresar por la coyuntura de la pandemia debería pensarlo mejor?
«Creo que eso sería lo que corresponde. Esas personas que son potenciales retornantes deben manejar información sobre lo que ocurre en Venezuela. Nosotros todavía no estamos dimensionando todos los efectos que esta situación de paralización económica va a tener sobre la economía de un país donde los ingresos petroleros están en cero, donde la falta de combustible está afectando toda la cadena de producción y de distribución de los pocos sectores que quedan en pie. En el caso venezolano, sin poder acudir a recursos financieros internacionales, sin poder tener ingresos por venta de petróleo y con un país paralizado, ¿cómo vamos a generar los empleos que la gente que empiece a regresar necesitaría para sobrevivir? ¿Van a sobrevivir a punta de la bolsa CLAP y de bonos que no llegan ni a 5 dólares? Con eso no se puede comprar ni siquiera medio cartón de huevos. Esa cuenta la tienen que sacar los migrantes para decidir si regresan o no. Para algunos ya han transcurrido hasta cinco años y pueden estar establecidos con familia. Yo lo que visualizo es que, salvo que la situación en los países de destino sea radicalmente peor que la que tenemos en Venezuela, ese retorno no se puede producir en forma cuantiosa».
¿Cuál es el número que el OVM maneja de venezolanos que dejaron nuestro país?
«Entre 2017 y 2018, entre la hiperinflación, la pérdida de empleos, la destrucción del salario, todo eso contribuyó a que gente de cualquier sector social se fuera, y sobre todo jóvenes. 90% de nuestros migrantes están entre 15 y 60 años. Nosotros en cinco años perdimos casi 3 millones y medio de personas en esas edades potencialmente activas, una buena parte de nuestra oferta de trabajo con todos los niveles de calificación que llevaban en sus maletas la perdimos. Lo que observamos en los casos de Colombia, Ecuador y Perú es que más de la mitad se ocupan en actividades informales de baja calificación, no así en los caso de Chile y Argentina, donde la migración ha sido de menor escala, en términos numéricos, pero de mayor calificación, y por lo tanto, con una inserción ocupacional de mejor calidad y mayor remuneración».
¿Qué está haciendo el Observatorio que usted dirige para cubrir el vacío de datos confiables y tener un panorama más claro de la situación de los migrantes venezolanos?
«Nosotros estamos haciendo justo ahora dos encuestas. Una, con la misma base de hogares donde hicimos las encuestas presenciales para la ENCOVI. Terminamos recién la segunda semana de abril el campo de ENCOVI 2019, que por distintas razones se demoró. Con ENCOVI tenemos un registro de casi 7 mil hogares que voluntariamente accedieron a dar sus números de teléfonos. Así, ahora estamos haciendo entrevistas telefónicas con un módulo sobre salud, con preguntas sobre el tema en general y otro módulo con preguntas centradas en el COVID-19, sobre todo el conocimiento que las personas tienen sobre la pandemia y prácticas de higiene. También tenemos un cuestionario sobre el empleo, si lo perdieron, cuánto ganan, si disminuyó el ingreso. Toda esa serie de preguntas las podemos relacionar con lo que ya sabemos de esos 7 mil hogares por la ENCOVI, y eso nos va a dar una información bastante rica para hablar con mejor propiedad sobre el impacto que puede estar teniendo este contexto de la pandemia sobre la situación económica de los hogares venezolanos. Si, por ejemplo, en Perú se identificó que 37% de los migrantes venezolanos no tiene dinero para comprar alimentos, con una muestra de hogares como la que estamos manejando podremos saber cómo están esos datos en Venezuela».
«Adicionalmente, en abril de 2019, nosotros hicimos una encuesta, en alianza con la Universidad Católica del Táchira (UCAT), con la población que atravesó la frontera de forma regular. La hicimos en la oficina de Migración Colombia, cuando les sellaban el pasaporte. Allí levantamos 9 mil direcciones de correo electrónico. Sobre ese universo empezamos a mediados de abril una encuesta; no aspiramos a tener 9 mil respuestas, pero establecimos una muestra que nos dará un volumen que nos puede ayudar a recabar información, entre ella, en cuál país se han establecido si no se quedaron en Colombia, o si han regresado, y así rescatar ese contacto para el seguimiento a los retornados. Hay allí un grupo de preguntas para establecer su trayectoria, les preguntamos sobre empleo, los recursos de los que disponen. Añadimos otro conjunto de preguntas sobre el COVID-19: qué opinión tienen sobre las medidas ante la pandemia tomadas por el gobierno del país en el que están, si han recibido protección, si ha cambiado su situación legal con los permisos de permanencia y, en general, todo lo que tiene que ver con su condición de migrantes».
¿Para cuándo esperan tener tabulados esos resultados?
«Pensamos mantener la recolección de información hasta el 30 de abril. Para finales de la primera semana de mayo deberíamos tener resultados de estos dos estudios. En el caso de la encuesta telefónica que hicimos en abril con los hogares donde levantamos la ENCOVI, vamos a repetirla durante la tercera y cuarta semana de mayo para seguir monitoreando los efectos del COVID-19. Los próximos dos meses vamos a tener bastante información para difundir lo que ocurre en Venezuela con la ENCOVI 2019 y estas dos encuestas telefónicas sobre el COVID-19».
¿Qué tan grande es el equipo que realiza estas investigaciones?
«Somos ocho investigadores, pensando, trabajando para planificar y analizar resultados. Para hacer las llamadas tenemos a 68 encuestadores».
El OVM abrió, en alianza con la ONG Equilibrium-Cende, una convocatoria para investigadores interesados en el fenómeno migratorio. ¿Qué resultados esperan?
«Esperamos que de ese trabajo se deriven propuestas de lineamientos para políticas públicas en el campo de las migraciones. A lo que apunta eso es a reforzar las ideas y visiones sobre los aspectos positivos del fenómeno migratorio. Las migraciones bien gobernadas pueden ser oportunidades de desarrollo para los países y esas oportunidades no deberían perderse de vista, porque perdemos todos. La convocatoria tiene ese foco: tratar de incentivar a los investigadores a que centren algunos de esos esfuerzos en visualizar oportunidades de desarrollo en los procesos migratorios de venezolanos en los principales países de destino. Creo que es un buen incentivo para quien está investigando en el campo de la migración, que a través de un estudio corto, pueda entregar propuestas que ayuden a la discusión pública en los distintos países. Por lo pronto, el Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium-Cende) está empezando con Perú, Colombia y Venezuela. En cada país tiene una universidad aliada: la Universidad de Los Andes (Colombia), la Universidad del Pacífico (Perú) y la Universidad Católica Andrés Bello. La idea es que con esta convocatoria en los tres países se pueda tener una información muy rica para una discusión más global del fenómeno migratorio».
«Cuando uno ve reflexiones más juiciosas sobre el tema migratorio y la crisis generada a propósito de la movilidad venezolana, se invita a los sectores políticos, sobre todo, a discutir sobre las posibilidades que la migración venezolana puede tener como oportunidades de desarrollo para países como Colombia o Perú. Hay que proponer políticas que no encaren el fenómeno migratorio como algo transitorio o coyuntural, que es lo que uno ve en el tipo de medidas regulatorias que se han aplicado, como los permisos provisionales de permanencia. Todo está enfocado con una visión transitoria del fenómeno y eso dice mucho de la poca comprensión que hay de lo que está ocurriendo en Venezuela. Si esperaban que esa migración llegara a esos países y se quedara nada más un año es que no están mirando bien lo que estaba ocurriendo acá con este proceso político. Esos gobiernos fueron tomando medidas provisionales que no han facilitado la regularización y el establecimiento de los venezolanos en condiciones que les permitan contribuir mejor al desarrollo de esos países, por eso son víctimas de contrataciones irregulares, porque hay sectores productivos que se aprovechan de esa vulnerabilidad, y eso va creando una cadena con incidencia en la menor demanda de la mano de obra nacional, más costosa, y a eso se suma el rechazo social, porque la población migrante se ve como una amenaza y no como una forma de contribuir a la par en el proceso de desarrollo de esos países. Tenemos el caso de Perú, donde un estudio de 2019 del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) ha mostrado que los migrantes venezolanos han ido mejorando en su capacidad de inserción ocupacional, echando mano de su creatividad y de su necesidad de sobrevivir en esas condiciones adversas, y se han ido orientando a actividades de autogeneración de recursos con el tema gastronómico venezolano y ya tienen un mercado que va creciendo y han ido buscando la vuelta para generar ingresos».
♦Texto: Elvia Gómez/Fotos: Acnur (apertura) y Manuel Sardá (retrato)
