Durante la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la UCAB, dedicada a analizar la libertad sindical en el país, el nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad recalcó la necesidad de reconstruir las relaciones laborales y lograr que el Gobierno cumpla las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
Retomar la senda del debate tripartito entre empresarios, trabajadores y Gobierno es el llamado que hizo el abogado y profesor de la UCAB, César Carballo, con el fin de configurar un nuevo modelo de relaciones laborales en Venezuela. Así lo manifestó, este martes 9 de noviembre, durante la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la UCAB, correspondiente al período académico 2021-2022.
«El diálogo social es básico para afrontar las nuevas transformaciones, las necesidades del mercado y, por supuesto, modelar unas relaciones laborales democráticas», dijo el experto.
En la conferencia, titulada “Libertad sindical: Una mirada al informe de la Comisión de Encuesta de la OIT”, Carballo disertó sobre la realidad de los derechos laborales en Venezuela, a partir del informe que emitió, en octubre de 2019, un grupo de investigación designado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para determinar la violación de los convenios de este organismo por parte del Gobierno venezolano. Dicho documento fijó una serie de recomendaciones al Ejecutivo Nacional, entre ellas el cese de “todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al oficialismo.
El nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la universidad -quien es doctor en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo, jefe del Departamento de Derecho Social de la UCAB e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales- dictó la clase magistral en un acto, celebrado en el Aula Magna del campus Montalbán, en el que también participaron el rector, Francisco José Virtuoso; el decano, Jesús María Casal, y los representantes estudiantiles María Guerreiro y Anselmo Coelho. Acompañaron en el presidio las directoras de la Escuela y los programas de Postgrado de Derecho, Milena Liani y Ninoska Rodríguez, respectivamente.
¿Por qué la OIT puso en la mira a Venezuela?
El profesor comenzó su exposición explicando las causas que motivaron, en 2018, la designación, por parte de la OIT, de la Comisión de Encuesta para investigar la situación venezolana: la queja introducida en 2015 por un grupo de representantes de los empleadores por la violación de tres convenios internacionales ratificados por la República: uno sobre salarios mínimos, uno sobre libertad sindical y el derecho a sindicalización, y el tercero sobre consultas tripartitas en materia de normas internacionales.
El abogado señaló que, durante más de un año, la comisión integrada por tres destacados juristas internacionales revisó una extensa documentación y pruebas sobre el caso, para luego emitir un documento con sus conclusiones, una de las cuales advierte que «en Venezuela se ha erigido, a lo largo de dos décadas, un complejo entramado institucional e informal que hostiliza y socava la acción de las organizaciones» de empleadores y de trabajadores no afines al gobierno.
Para Carballo, el texto de la OIT es “el reflejo más fiel, detallado, minucioso y objetivo del sistema de relaciones laborales desarrollado en Venezuela durante los últimos dos decenios». Apuntó que el informe revela el «sistema de relaciones laborales forjados, primero, desde la ideología caudillo-pueblo-ejército y, ya luego del 2003, desde la transición hacia un modelo de producción socialista» y dijo que, además, «es una pieza esencial para encontrar una hoja de ruta para desmontar todo aquello que conspire contra un modelo democrático de relaciones laborales”.
Recordó, también, que el Gobierno tenía un plazo de tres meses para comunicar si aceptaba o no las recomendaciones e incluso acudir a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, dijo que el Ejecutivo no se pronunció sobre el tema, no cumplió las peticiones de la OIT y abrió «un diálogo social», pero sin aceptar las conclusiones del informe.
En ese sentido, mencionó que el pasado 6 de noviembre, dos años después de la emisión del documento, la OIT volvió sobre el caso en una reunión celebrada en Ginebra, en la cual “reiteró todo lo que había señalado”, deploró la actitud de las autoridades venezolanas y asomó la posibilidad de designar un representante permanente en Venezuela, “para hacerle seguimiento al caso» y tratar de que el Ejecutivo «acate las recomendaciones”. “Los miembros de la Organización Internacional del Trabajo reconocieron, sin embargo, los avances en el diálogo social establecido con Fedecámaras y otras organizaciones”, apuntó Carballo.
Libertad sindical: un derecho humano vulnerado en Venezuela
El director del IIJ recordó que la libertad sindical es un derecho humano reconocido por organismos internacionales y presente en la Constitución Nacional, con componentes organizativos, funcionales e inmunitarios. Mencionó que en el informe de la OIT se denuncian tres elementos presentes, en Venezuela, que atentan contra esa garantía fundamental: el control sindical, la estatización y la sumisión.
Para explicarlo, mencionó que, en 1999 se estableció constitucionalmente que todas las elecciones sindicales debían ser convocadas, reguladas, controladas por el CNE, y no en las empresas como hacían los trabajadores anteriormente. “Hasta que el CNE no los autorice, no se reconocen a las autoridades del sindicato, es decir, incurren en una mora electoral (…) no está al día la junta directiva”, afirmó Carballo, quien precisó que, como consecuencia, ese sindicato no puede representar a sus agremiados. “Esta medida paralizó, en 2018, a 66 % de estas organizaciones. El informe señaló que está era una grave injerencia a la libertad sindical y que no era cónsona con los convenios fundamentales sobre la materia”.
Como segundo mecanismo de control y socavamiento de la acción sindical, el profesor mencionó la estatización sindical. “Los sindicatos deben formar parte del aparato estatal’ y eso se inicia con una idea central de la legislación del 2012: el proceso social del trabajo (…) el trabajo ya no es entendido como un intercambio entre particulares -fuerza de trabajo a cambio de retribución- , sino que estamos en un fenómeno que interesa directamente al Estado, porque el Estado realiza sus fines a través de la educación y el trabajo, por lo tanto patrono y trabajador no son libres de regular los términos de su interdependencia”, explicó.
La reconstrucción posible
Carballo Mena finalizó su clase magistral señalando que se debe asumir, en Venezuela, un «diálogo social serio», donde los interlocutores sociales, patronos y trabajadores participen, de buena fe, con el Gobierno en el diseño, ejecución o en la ponderación de las políticas públicas en materia económica y social que repercutan sobre sus intereses.
“Ese diálogo social permitirá configurar un nuevo modelo democrático de relaciones laborales, no suprimiendo los controles sindicales más obscenos y dejando sobrevivir los más sofisticados. Creo que el reto es construir, de verdad, la libertad sindical (…) Atrevernos a convivir con sindicatos en libertad sindical, sin controles, sin injerencias, para que, a través de ellos, se expresen las necesidades de empleadores y trabajadores y que no le tengamos miedo a enfrentar correctamente el conflicto. Que no ocultemos el conflicto, que le demos cauce, que lo miremos de frente y que le brindemos los medios correctos para que pueda resolverse, sólo así creo que podemos caminar hacia una sociedad más justa”, mencionó.
Para ello, el experto manifestó la necesidad de que todos los sectores trabajen con espíritu constructivo. “Toca remover los escombros y reconstruir, ojalá sea pronto, pero en todo caso es una tarea pendiente, y esa remoción y ese escombrar y reconstruir pasa necesariamente por el diálogo social, así fue apuntado en el informe (de la OIT), que es un informe que no solo retrata este entramado hostil a la acción sindical, sino que también pretende una hoja de ruta hacia la reconciliación nacional, hacia la justicia social, enfatiza que el diálogo social es básico para afrontar las nuevas transformaciones, las necesidades del mercado y, por supuesto, modelar unas relaciones laborales democráticas”, enfatizó el especialista.
Dignificando la profesión
“Nos toca liberar al Derecho del yugo autoritario que ha pretendido vaciarlo de sustancia e instrumentalizarlo, para que pueda ocupar la posición central que le corresponde en una democracia constitucional”, expresó el decano de la Facultad de Derecho, Jesús María Casal, en sus palabras de introducción a la lección inaugural del año lectivo 2021-2022.
Casal informó a profesores y estudiantes que, en este nuevo año académico, los esfuerzos de esta Facultad estarán dirigidos a reforzar tres aspectos: promover una excelente formación académica que atienda a los cambios del entorno; trabajar en la internacionalización y la virtualización, estrechando vínculos y convenios con casas de estudios en otros países para ir hacia la universidad estructuralmente híbrida; y la diversificación y sostenibilidad, con iniciativas como la introducción de carreras cortas con el grado de Técnico Superior Universitario y la puesta en funcionamiento de una segunda sede, en las instalaciones del ITER, en Altamira, para ofrecer la carrera de Derecho en horario vespertino.
El decano recalcó que los desafíos presentes y futuros necesitan de la participación de cada uno de los miembros de la comunidad ucabista. “Debemos y podemos ser capaces de abrir senderos de oportunidades para un ejercicio digno de la profesión que permita obtener prosperidad y a la vez la realización de la persona integralmente considerada. No nos toca señalar aquí un camino que coincida con determinadas apreciaciones políticas, sino subrayar que hay rutas para la recuperación institucional y socioeconómica que tenemos que definir, abrir y transitar”, finalizó.
Mirando al futuro
En el acto de inauguración del año académico 2021-2022 estuvo presente la voz de los estudiantes, representados por María Guerreiro y Anselmo Coelho, quienes resaltaron la importancia del derecho para la recuperación de la democracia y las instituciones en Venezuela. “Estudiamos derecho para edificar un sistema justo en donde las decisiones de los operadores jurídicos no le sean cómodas a un sector de la población en detrimento del otro (…) El llamado de Venezuela no es a lamentarnos por lo que fue, sino a trabajar activamente por lo que será”, expresó Coelho.
Por su parte, Guerreiro apuntó que a las nuevas generaciones de abogados “nos corresponde reconocer que hay una realidad que recae en nuestros hombros, lo cual ciertamente es una responsabilidad enorme que nos aterra. Sin embargo, ese temor que nace por un futuro incierto no ha de paralizarnos sino que, de hecho, ha de movernos constantemente en la búsqueda de una valentía que nos llene y nos prepare para ser capaces de ver el futuro que queremos ser”.
A nombre de las autoridades de la universidad, el rector Francisco Virtuoso cerró el acto agradeciendo el esfuerzo de los profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho para ajustarse a las dimensiones de los retos que enfrentan, y recordó que “la UCAB no solo ha intentado responder a las exigencias de estos tiempos de pandemia, sino que ha pensado mucho más allá del momento presente y se ha puesto en la perspectiva permanente de la reinvención».
♦Texto: Marina Piña/Fotos: Manuel Sardá
